La justicia peruana anuló recientemente la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Domingo Peréz reacciona ante ello.
Domingo Pérez y Keiko Fujimi. / Imágenes de archivo.
El Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido de aclaración y nulidad de la resolución que declaró fundado el habeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recurso que permitió su posterior excarcelación tras permanecer 13 meses en prisión preventiva.
La solicitud fue presentada por el procurador del Poder Judicial a petición de los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela.
Así, la lideresa de Fuerza Popular salió del penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplía 18 meses de prisión por una investigación de lavado de activos.
La población peruana no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori, sin embargo no le sorprendió que algunos empresarios hayan hecho aportes ocultos a diferentes agrupaciones políticas en campaña electoral.
Mientras que una reciente encuesta señala que un 77% de ciudadanos considera que Keiko Fujimori, es culpable del delito de lavado de dinero por el que se le investiga.
La encuesta de Datum, también indica que solo un 12% de pobladores cree que la hija del expresidente Alberto Fujimori es inocente; en tanto, un 11% evita dar su opinión sobre el tema.
La crisis de Fuerza Popular en medio de la acusación fiscal contra su lideresa Keiko Fujimori ha perjudicado la popularidad de la excandidata presidencial, pues su desaprobación llega al 86%, tres puntos más con respecto al último sondeo de esa empresa encuestadora. En tanto, su nivel de aprobación se mantiene en 11%.
En la entrevista vía telefónica, José Domingo Pérez, nos comentó:
¿Cómo es inicia una investigación para Keiko Fujimori? ¿Cuáles fueron las razones?
Presente una tesis antes de iniciar una investigación sobre lo se ocultaba con actividades proselitistas como los cocteles, campañas para recaudación de fondos, las cuales los jueces lo habían aprobado y también está en las investigaciones “el chat de la botica “que decía era conversaciones donde decía que se iba a destruir al juez que estaba investigando , donde hablan “lo que estamos hablando de Keiko Fujimori es un delito.”
La corte suprema estableció en la última casación, confirma la prisión preventiva a Keiko Fujimori y es establecido que estamos ante una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político, a través de su participación de las elecciones 2011, para lo cual recibió un millón de dólares de la empresa Odebrech, que provenía de actos corruptos.
Además los testigos han señalado que se buscaba presionar para obtener al Ministerio Público beneficios para sus investigaciones.
¿Se cuestionó que pretende "hacer un show del trabajo fiscal" con las investigaciones a su cargo?
“He escuchado que se dice que pretendo hacer un show del trabajo fiscal, eso es falso, porque como defensor de la sociedad agraviada de quienes han cometido crímenes tengo que defender mi trabajo y defender las causas que vengo conociendo y esto lo hago desde hace mucho tiempo no dejare que esta situación con la Sra. Keiko Fujimori quede hay yo seguiré con las investigaciones”, aseguro.
¿Porque presentó un informe ante el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, en el que denuncia al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos Núñez por el presunto delito de revelación indebida de identidad?
Si claro, porque Según el documento, el tribuno habría cometido el mencionado delito, previsto y sancionado en el artículo 409-B del Código Penal, al identificar indebidamente a Jorge Yoshiyama Sasaki como aspirante a colaborador eficaz en el auto de aclaración al fallo del TC que dejó en libertad a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
¿Cuál sería la sanción para Carlos Ramos Núñez por revelación indebida de identidad?
Claro es el artículo 99 de la Constitución Política, los miembros del Tribunal Constitucional son asistidos por una prerrogativa, por lo que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Pleno del Congreso “todo delito que comentan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas” Y De acuerdo al artículo 409-B del Código Penal, en el caso de funcionarios públicos, la sanción podría ser pena privativa de la libertar “no menor de cinco ni mayor de siete años, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1,2 y 4”.
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